Es una Ley que tiene una gran inseguridad jurídica.
No incide en medidas públicas de creación de vivienda sino que la mayor parte de las medidas las soportan los propietarios de viviendas penalizándolos, lo que provocará la salida de muchas viviendas de alquiler del mercado inmobiliario.
Hoy entra en vigor una Ley de Vivienda que considerábamos necesaria para garantizar lo que señala nuestra Constitución que es el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible.
La articulación de este Ley la considerábamos esencial en momentos como los actuales, habida cuenta de la ampliación de los sectores más vulnerables en la actualidad, dada la actual crisis económica y social que estamos sufriendo los ciudadanos, con un endurecimiento del precio de la vivienda, de los tipos de interés y de las condiciones de acceso a la vivienda tanto para el alquiler como para la concesión de préstamos hipotecarios.
En la Asociación Española de Consumidores esperábamos otra Ley que no presentase una inseguridad jurídica para muchas de las partes que forman parte de este sector del Consumo.
De hecho, la Ley cuenta con muchos conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo, el de zonas tensionadas, dado que serán las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que tendrán que aplicar la norma, lo que habrá disparidad de aplicaciones en función de la apreciación particular que cada Administración haga de la norma.
También es una Ley que consideramos que crea inseguridad en los propietarios de viviendas en tanto que hay cierto desamparo en cuanto al incumplimiento de los contratos de arrendamiento de vivienda en cuanto al plazo de cumplimiento, la limitación de la renta en zonas tensionadas, y aumento la prórroga de los deshaucios para hogares vulnerables.
Desde nuestro punto de vista, está claro que hay que garantizar por los Poderes Públicos el acceso a la vivienda pero ello no puede conllevar que se haga en perjuicio de los propietarios de las viviendas, muchos de ellos con la adquisición de viviendas como modo de ahorro por el trabajo de muchos años.
La consideración de grandes tenedores de viviendas que marca la ley provocará una bajada de inmuebles destinados al alquiler, y una huida de los inversores que no construirán para alquilar. Esto se está ya viendo en el mercado del alquiler sin que la Ley haya entrado en vigor aún.
En consecuencia, la limitación de precios se ha demostrado, tanto en España cuando se ha aplicado como en otros países europeos, que a medio plazo los precios aumentan al reducirse la oferta de viviendas en alquiler residencial.
Por otro lado, también consideramos negativo el aumento de gastos al arrendador, esto va a conllevar un aumento en el precio de la renta de alquiler.
Igualmente, esta Ley ralentiza los procesos judiciales contra la ocupación ilegal de viviendas, lo que supone un perjuicio para los propietarios de viviendas.
Esto debe ser una prioridad legislativa para garantizar la propiedad privada y vemos como con esta norma, lejos de dar solución, incentiva esta actuación ilegal creando inseguridad jurídica y provocando probables escándalos de orden público tal y como estamos viendo en estos días en muchas zonas.
Finalmente, la Asociación Española de Consumidores consideramos que la solución al problema de la vivienda debe venir a medio-largo plazo en tanto que se debe reactivar un parque público de viviendas tanto de alquiler como de compraventa.
Entre estas medidas deben contemplarse las fiscales, a los propietarios y los inversores con el objeto de que pongan en el mercado viviendas en alquiler, y no desincentivar a través de penalizaciones tributarias como el recargo del IBI.
También se deben reactivar por las Administraciones Públicas las ayudas para la rehabilitación.
