Lamentamos que el ciudadano y los impuestos que paga sean motivo, una vez más, de confrontación política
En estos días, tras dos preguntas realizadas por el Partido Popular en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha respondido señalando que la normativa europea no obliga a repercutir este coste en los ciudadanos de manera directa, ni a aplicar el nuevo impuesto, a pesar de lo defendido tanto por Gobierno de España y por los Ayuntamientos.
Así, de media se paga por este incremento unos 180 euros al año. Hasta ahora, los ciudadanos pagaban un 60% del precio, no el 100% como ocurrirá con la nueva ley.
Así, la Comisión Europea ha señalado que son los Estados miembros quienes pueden elegir los instrumentos concretos para aplicar la Directiva (UE) 2018/851 sobre residuos, con el fin de cubrir los costes de su gestión.
Desde la Asociación Española de Consumidores lamentamos que, una vez más, la fiscalidad que pagamos los españoles sea motivo de confrontación política y se use tanto por el Gobierno de España como por parte de los Ayuntamientos.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España está en la línea de cobrarlo con una subida de la tasa pero, también, los Ayuntamientos está aplicando esta subida sin que se oigan voces discrepantes y sin que se puedan contemplar esas situaciones alternativas que en Europa se contemplan.
Hay que tener en cuenta que este es uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos españoles que ahora tendrán que pagar más, pidiendo nuestra organización una valoración por parte de las Administraciones para no perjudicar más fisclamente a los ciudadanos.
