Los datos indican que no hay esas 50000 viviendas construidas en el Sareb.
En estos días se está tratando todo lo relacionado con el anuncio que hizo el Presidente Pedro Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para dedicarlas al alquiler social.
Dicho anuncio y la aprobación por parte del Consejo de Ministros de hoy de dicho Plan conlleva diferentes interrogantes.
El primero va enfocado a lo que ha anunciado el Gobierno en lo que respecta a que salgan al mercado “a precios asequibles”. Desde nuestro punto de vista, se trata de un concepto altamente indeterminado y debería aclararse de cara a una mejor interpretación de estas medidas por parte del mercado.
La segunda duda es si realmente se va a llegar a esas 50000 viviendas prometidas. El plan anunciado hoy por el Gobierno señala que a esa cantidad se llegará con 14.000 viviendas ya habitadas; 15.000 que serán construidas en suelo público perteneciente a la Sareb en colaboración con el sector privado, lo que no será rápido; y otras 21.000 que ya están construidas y vacías para poner a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, que tendrán que adquirirlas, sin aclarar también esas condiciones de adquisición. Respecto a esto, cabe señalar que de las 14000 viviendas habitadas buena parte están ocupadas ilegalmente. Por tanto, ¿cómo va el Gobierno a legalizar una situación irregular de este tipo?. Y respecto a las 21000 viviendas construidas, ¿en qué condición están? y, en caso de necesitar obras para mejorar las condiciones de habitabilidad, ¿quién las va a acometer?
En resumen, desde la Asociación Española de Consumidores creemos que este Plan no se va a desarrollar en la totalidad como otras medidas ya presentadas por el Gobierno de España (por ejemplo con los impagos de hipotecas y el Código de Buenas Prácticas Bancarias), es carente de plazos, con lo cuál poca solución se está dando y, además, juega con las expectativas de muchas familias necesitadas de vivienda.
Por otro lado, desde la Asociación Española de Consumidores queremos exigir una vez más soluciones a las ocupaciones ilegales de viviendas que sufren muchos ciudadanos. Son necesarios instrumentos ágiles en la legislación y los juzgados para acelerar los procesos de desahucios. En este sentido, la ineficacia de las Administraciones Públicas para ofrecer una vivienda digna tal y como señala la Constitución Española no la deben pagar los ciudadanos que cuentan con viviendas en propiedad y que ven como son usurpados sus derechos sin que haya una solución rápida a este asunto generando problemas graves de convivencia como hemos visto días atrás.
