La Comisión Europea da la razón a la Asociación Española de Consumidores en cuanto a la obligación de registro impuesta por el Gobierno de España en 2024

Solicita la derogación inmediata de la normativa

Considera desproporcionado el volumen de datos solicitados

En diciembre de 2024, la Asociación Española de Consumidores señaló su rechazo a la imposición del Gobierno de España en cuanto al registro de viajeros para hoteles y alquiler de vehículos, habiendo recibido multitud de quejas por parte de los consumidores en el sentido del largo tiempo de espera que tienen que soportar para realizar dicha acreditación.

Es una obligación de implementar diferentes datos solicitados por el Ministerio del Interior que conlleva la grabación de 42 datos personales de los viajeros.

Desde la Asociación Española de Consumidores señalábamos la inutilidad de este tipo de medidas en tanto que entendemos que los posibles terroristas que se pretende detener no van a ir a un hotel a dar sus datos alegremente y, además, los consumidores pueden mentir en lo concerniente a determinados datos como son el correo electrónico o el teléfono.

Además, nos preocupaba la seguridad de los datos en tanto que tienen que estar grabados en los servidores de los hoteles durante tres años con el peligro que ello conlleva con todo lo relacionado con la ciberseguridad. De hecho, en otros países se han producido ataques con robos de datos de los clientes.

Desde la Asociación Española de Consumidores pedíamos al Ministerio de Interior una simplificación de los datos a comprobar y realizaremos aportaciones constructivas desde la visión del Consumo en Positivo que tenemos en la Asociación Española de Consumidores.

Esta semana, hemos tenido conocimiento de que la Comisión Europea abre expediente a España y da la razón a nuestra organización y los hoteleros y agencias de viajes

Así, se señala desde Bruselas que esta normativa española es excesiva, difícil de aplicar y contraria a los principios europeos de protección de datos.

Por ello, desde la Asociación Española de Consumidores pedimos la inmediata derogación de la normativa y una regulación ajustada al derecho europeo que sea lógica y respetuosa con estos principios señalados por la UE y que precisamente solicitábamos en la Asociación Española de Consumidores.

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