La Asociación Española de Consumidores rechaza la Ley de Movilidad Sostenible que perjudica la movilidad de los consumidores españoles y sus libertades

Lamentamos el perjuicio para los ciudadanos y empresas que supondrá la paralización de las obras del Aeropuerto del Prat por el Acuerdo con Podemos

Tratar de limitar el transporte aéreo para fomentar un transporte ferroviario con una calidad pésima conllevará serios problemas de movilidad

Se legislan aspectos que no cuentan con la infraestructura básica

Desde la Asociación Española de Consumidores lamentamos el acuerdo con Podemos que paraliza las obras iniciadas este año en el Aeropuerto de El Prat y que consistían en construir una terminal satélite, extender la tercera pista y mejorar las existentes, buscando convertir el aeropuerto en un hub internacional para vuelos intercontinentales lo que va a perjudicar considerablemente a los consumidores y a las empresas que ven más que necesarias estas infraestructuras aeroportuarias para mejorar la movilidad en ese importantísimo aeropuerto para España. Así, lamentamos la vista puramente ideológica y el ataque que se hace desde el Gobierno y sus socios al transporte aéreo y a sus usuarios

Se trata, desde nuestro punto de vista, de una Ley claramente intervencionista y que perjudicará gravemente a los intereses de movilidad de los consumidores españoles.

Para nuestra organización se trata de una Ley que en su objetivo principal puede ser positiva y necesaria pero que en las medidas que regula va a complicar la movilidad de los consumidores españoles al no haber alternativas a lo que se pretende eliminar o plantear el deficiente transporte ferroviario como esa opción de transporte.

La ley incluye la obligación de que empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno diseñen y apliquen planes de movilidad sostenible para sus trabajadores. Lo que puede ser positivo, pero, ahora bien, esto no debe implicar una obligación de uso compartido del vehículo privado de los trabajadores. Debe ser una opción, pero no una obligación, aparte de establecer en la empresa un conocimiento de esa movilidad de sus trabajadores que no debería tener desde nuestro punto de vista.

Sí es positiva la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos pero hay que recordar al Gobierno de España que la falta de puntos de recarga se produce precisamente por las trabas administrativas, no porque falte iniciativa privada.

Además, el texto final de la ley también contempla la reducción de los vuelos en trayectos de menos de dos horas y media con alternativa ferroviaria. Y aquí es donde los consumidores están más en contra por el grave perjuicio que conllevaría aparte de obligar a dejar de ofrecer servicios de las empresas que se dedican al transporte aéreo hacia los consumidores.

Los graves problemas y retrasos constantes que tiene el transporte ferroviario hacen que esta opción ahora mismo sea un auténtico problema para los consumidores.

Finalmente, otro de los aspectos que los consumidores ven negativos serían los nuevos endurecimientos de acceso de los vehículos a las ciudades con el cambio que se pretende realizar a los distintivos.

Ya con las limitaciones de acceso a través de las Zonas de Bajas Emisiones se está creando bastante problemática para que estemos en situaciones todavía aun peores a lo que hay actualmente y que cuenta con el rechazo mayoritario de los consumidores españoles.

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